Este respaldo financiero surge como respuesta a la crisis en Oriente Medio, que ha provocado un alza significativa en los costes de los fertilizantes. España había comunicado previamente a Bruselas su intención de implementar este plan de apoyo para las empresas del sector agrícola.

Las subvenciones se distribuirán en forma de ayudas directas, con un máximo de 22 euros por hectárea para tierras de secano y hasta 55 euros para tierras de regadío. Estas ayudas buscan cubrir hasta el 70% del incremento de los costes derivados de la situación geopolítica.

La aprobación se enmarca en la reforma del marco de ayudas de Estado introducida por la Comisión Europea en abril, que permite a los estados miembros mitigar los efectos adversos inmediatos sobre las empresas más expuestas, garantizando al mismo tiempo la competencia justa en el mercado único.

Adicionalmente, la Comisión ha anunciado la intención de flexibilizar los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) para liberar más ayudas destinadas a los agricultores. Se propondrá redirigir fondos europeos para reforzar la reserva agrícola y se modificará la PAC para introducir un nuevo sistema de liquidez, ofreciendo pagos anticipados y promoviendo el uso de fertilizantes de base biológica o su optimización.

Se prevé que estas medidas de apoyo se extiendan al menos hasta finales de año, aunque su duración final dependerá de la evolución de la crisis.