Un aproximado del 85% de los asalariados en Canarias reciben algún tipo de compensación para mitigar la reducción salarial habitual durante una baja por enfermedad. Este porcentaje, elaborado por el Gabiente Técnico de CCOO-Canarias, coincide con la media de España. Existe un amplio consenso entre patronales y sindicatos para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores en estas situaciones.
Sin embargo, esta protección se ve amenazada por las intenciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha expresado su deseo de modificar la normativa para que los empleados no cobren lo mismo estando de baja que en activo, argumentando que esto incentiva las ausencias. La normativa actual ya establece que el trabajador deja de cobrar su salario del primer al tercer día de baja por enfermedad común, recibiendo posteriormente una prestación por incapacidad temporal de aproximadamente el 60% de su salario, pagada inicialmente por la empresa y luego por la mutua o la Seguridad Social.
A pesar de los mínimos legales, es común que empresas y sindicatos acuerden complementar parcial o totalmente esa prestación pública para que el trabajador no sufra un perjuicio económico. Los datos del Ministerio de Trabajo de 2025 indican que el 86,7% de los asalariados españoles cubiertos por negociación colectiva tienen cláusulas de complementos retributivos. En Canarias, estos porcentajes se sitúan en torno al 85% para enfermedad común y el 80% para accidentes laborales o enfermedades profesionales.
Estos complementos suelen mejorar las prestaciones a medida que avanza la baja, pero a menudo dejan descubiertos los tres primeros días, buscando desincentivar ausencias cortas. La cobertura del 100% desde el primer día es más habitual en el sector público, donde las administraciones suelen pagar el salario íntegro a sus empleados.
En grandes empresas como Mercadona, el complemento salarial puede estar condicionado a factores como la duración de la baja o el porcentaje de ausencias anuales del trabajador. Los convenios colectivos a menudo incluyen mejoras sobre los mínimos legales para empleados con buena asistencia, aunque los tribunales han cuestionado este tipo de incentivos.
