La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había iniciado una segunda fase de investigación sobre la operación. El organismo detectó que el comprador ya gestionaba otro alojamiento en el mismo entorno, lo que habría supuesto controlar entre el 70% y el 80% de la oferta de plazas residenciales para estudiantes en un radio de 30 minutos a pie del campus.

El regulador advirtió que esta concentración de mercado podría derivar en un incremento de los precios o en una reducción de la calidad de los servicios ofrecidos a los estudiantes. Ante este escenario, el fondo inversor intentó presentar una propuesta de compromisos que incluía limitar las rentas durante el curso 2026-2027, una medida que fue considerada insuficiente por la CNMC.

La falta de acuerdo sobre los ajustes necesarios y la imposibilidad de extender los plazos de financiación llevaron a que el contrato de compraventa quedara sin efecto a finales de marzo. Tras la renuncia formal del fondo, el organismo supervisor procedió al archivo de las actuaciones el pasado 4 de mayo.