La sección sindical de CSIF en Valoriza Servicios Medioambientales, empresa encargada de la limpieza y recogida de residuos en Cádiz, ha hecho pública una denuncia por lo que considera un nuevo caso de hostigamiento contra sus empleados. En esta ocasión, se trata del despido disciplinario de una trabajadora con casi dos décadas de experiencia, poco después de su reincorporación tras una incapacidad temporal bajo supervisión médica.
Según el sindicato, la empresa habría ido “más allá de cualquier límite razonable” al cuestionar el criterio de profesionales sanitarios y, lo que es más grave, al invadir la privacidad de la empleada. Se constató que la compañía analizó la actividad de la trabajadora en plataformas digitales, redactando el expediente de despido con un tono que CSIF califica de ofensivo y machista.
“"La empresa ha ido más allá de cualquier límite razonable, cuestionando el criterio de profesionales sanitarios, y lo que es aún más alarmante, invadiendo la privacidad de la trabajadora mediante la monitorización de sus redes sociales."
La decisión de despido se basaría en la interpretación de que la actividad personal de la trabajadora en redes sociales era incompatible con su situación de baja médica, ignorando deliberadamente el contexto clínico y los informes facultativos que avalaban su estado de salud. CSIF considera que este despido forma parte de una presunta campaña para amedrentar a la plantilla, que ha resultado en más de un centenar de sanciones en los tres años desde que Valoriza asumió el servicio.
Esta situación ha generado un clima laboral insostenible, caracterizado por el miedo, la presión constante y la inseguridad, lo que ha provocado un aumento de la fatiga mental y física del personal, e incluso bajas por motivos psicológicos. El sindicato subraya que estas actuaciones no son hechos aislados, sino que responden a una forma de proceder que ya ha sido cuestionada judicialmente, evidenciando un uso desproporcionado de los mecanismos de control por parte de la empresa.
Ante la gravedad de estas prácticas, que podrían vulnerar derechos fundamentales como la intimidad, la dignidad y la salud laboral, el despido ya ha sido puesto en manos de la asesoría jurídica del sindicato. CSIF exige al Ayuntamiento de Cádiz, como entidad contratante y responsable del servicio, una intervención inmediata para poner fin a esta situación y garantizar los derechos de la plantilla, frenando una dinámica que perjudica tanto a los trabajadores como al servicio público que prestan.
