La Fundación Patrimonio Comunal Olivarero ha generado inquietud entre los ayuntamientos de Martos, Montoro y Porcuna tras anunciar el cierre de dos de sus centros y el despido de personal. Ante esta situación, se ha organizado una reunión entre representantes de la Fundación y las administraciones locales para esclarecer los detalles y los planes de futuro de las instalaciones.
En el encuentro participaron el alcalde de Martos, Emilio Torres; el de Porcuna, Miguel Moreno; la alcaldesa de Montoro, Lola de Amo; los concejales de Agricultura y Patrimonio de Martos, Juan Pérez y Elena Molina; así como el presidente y gerente de la Fundación, Rafael Sánchez de Puerta e Iñaki Benito Otazu. Las explicaciones ofrecidas por la Fundación no lograron convencer a los munícipes.
Los alcaldes constataron que la reunión, lejos de aportar claridad, ha elevado su nivel de preocupación. Por ello, han decidido instar al Patronato de la Fundación –que cuenta con la participación del Gobierno de España, la Junta de Andalucía, organizaciones agrarias y empresas del sector– a abrir urgentemente una vía de diálogo. El objetivo es proteger estas instalaciones, dada su importancia tanto para la economía local como por su papel vertebrador del territorio.
Según los alcaldes, el cierre de los centros se justifica en pérdidas económicas de la Fundación, una argumentación que consideran infundada, especialmente desde el municipio de Martos. El alcalde de Martos, Emilio Torres, anunció que se tomarán todas las acciones necesarias para proteger las instalaciones, incluyendo la incoación de un expediente de protección. Las instalaciones en Martos se encuentran en una zona de protección arqueológica, y se busca evitar movimientos especulativos urbanísticos a través del PGOU y la ficha urbanística para impedir su cierre o desaparición.
Como antecedente, el pasado 3 de julio, los ayuntamientos de Montoro y Martos emitieron un comunicado conjunto expresando su malestar. Subrayaron que la decisión de la Fundación supone la desaparición de dos centros históricos vinculados al sector oleícola andaluz, afectando a territorios cuya identidad, economía y desarrollo han estado ligados al olivar.
Los representantes municipales reconocen la autonomía de gestión de la Fundación, pero enfatizan que decisiones de esta magnitud no deben basarse únicamente en parámetros internos de funcionamiento o rentabilidad. Deben considerar el papel estratégico que estas instalaciones han desempeñado durante décadas al servicio del sector, los agricultores, las cooperativas y el medio rural en general.
