La iniciativa, detallada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), forma parte de un paquete de medidas gubernamentales para respaldar a los sectores primarios tras los severos daños causados por el temporal. El objetivo primordial es restaurar la operatividad y viabilidad de las explotaciones y operadores que sufrieron pérdidas materiales y económicas significativas.
Del total de 100 millones de euros, 75 millones se destinarán a subvencionar hasta un 15% del principal de los préstamos otorgados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Los 25 millones restantes cubrirán los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), esenciales para la obtención de estos créditos.
Los préstamos del ICO, con un plazo de amortización de hasta 15 años y posibles periodos de carencia de hasta tres años, tienen una subvención máxima de 15.000 euros por beneficiario. Esta estructura busca aliviar la carga financiera inmediata y permitir la reorganización económica de los afectados.
Es imprescindible que los solicitantes tengan contratada una póliza de seguro dentro del Plan de Seguros Agrarios o, en su defecto, se comprometan a su contratación durante el año de presentación de la solicitud de ayuda y el ejercicio siguiente.
Para acceder a esta financiación, los solicitantes deben cumplir varios requisitos. Los titulares de explotaciones deben obtener al menos el 50% de sus ingresos de la actividad agraria. Además, es obligatorio tener una póliza de seguro agrario o comprometerse a contratarla en el año de la solicitud y el siguiente. El préstamo subvencionado deberá estar avalado por SAECA, cuyo coste será cubierto por una línea específica de 25 millones de euros.
Las solicitudes podrán presentarse a partir del 8 de abril de 2025 y el plazo se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2027. Este amplio periodo busca asegurar que todos los potenciales beneficiarios puedan preparar su documentación y formalizar sus peticiones. Las ayudas se concederán en régimen directo por orden de presentación y tienen carácter de minimis, sujetas a la normativa europea sobre ayudas de Estado.




