Estas subvenciones, gestionadas por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, están dirigidas a instituciones clave del sistema andaluz del conocimiento. Entre los beneficiarios se encuentran universidades, organismos públicos de investigación, y centros o fundaciones vinculados a la I+D y la innovación en Andalucía.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 31 de marzo, busca financiar iniciativas que generen nuevos conocimientos o mejoren teorías científicas existentes. Los proyectos deben presentarse telemáticamente y se resolverán bajo un régimen de concurrencia competitiva, requiriendo que las entidades estén acreditadas como agentes del sistema andaluz del conocimiento.

Los fondos se distribuirán en cinco áreas científico-técnicas principales. Para Biología y Biotecnología se asignan 2,45 millones de euros, con un máximo de 120.000 euros por proyecto. Ciencias Exactas y Experimentales dispondrá de dos millones de euros, con un límite de 80.000 euros por iniciativa. Las áreas de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas, así como Humanidades y Creación Artística, contarán con 1,80 millones cada una, con un tope de 60.000 euros por proyecto. Finalmente, Recursos Naturales, Energía y Medio Ambiente recibirá 1,60 millones de euros, con un máximo de 80.000 euros por trabajo. La ayuda mínima por proyecto se ha establecido en 25.000 euros.

Los proyectos aprobados tendrán un plazo de ejecución de 30 meses, con la posibilidad de extenderse hasta 36 meses. La financiación puede cubrir hasta el 100% del coste total de la actividad, lo que representa un apoyo significativo a las propuestas seleccionadas. Los equipos de investigación, liderados por un doctor, podrán incluir personal predoctoral, posdoctoral y técnicos de apoyo.

La convocatoria permite tanto proyectos individuales como iniciativas coordinadas, con hasta seis equipos de investigación. Se valorará la colaboración entre entidades y el intercambio de conocimiento. Los gastos financiables incluyen salarios, movilidad, adquisición de equipamiento, material bibliográfico, software, derechos de propiedad industrial y acceso a infraestructuras científicas.